En el corazón de la megalópolis mexicana, una tormenta se está gestando en el ya turbulento mercado inmobiliario. La propuesta del gobierno de la Ciudad de México para limitar el aumento de los alquileres ha desatado una ola de reacciones encontradas, poniendo de manifiesto las profundas tensiones entre los intereses de los inquilinos, los propietarios y el sector inmobiliario en su conjunto.
El gobierno capitalino, encabezado por Martí Batres Guadarrama, ha lanzado una iniciativa que busca transformar radicalmente el panorama del arrendamiento en la ciudad. Los puntos clave de esta propuesta incluyen:
Limitar el aumento anual de las rentas, vinculándolo al índice de inflación.
Establecer un registro digital obligatorio para todos los contratos de arrendamiento.
Impulsar la construcción de vivienda pública para renta a bajo costo.
Esta iniciativa, que actualmente se encuentra en discusión en el Congreso de la Ciudad de México, ha sido presentada como una solución a la creciente crisis de asequibilidad en el mercado de alquiler. Sin embargo, su recepción ha sido todo menos unánime.
Las principales asociaciones de agentes inmobiliarios que operan en la CDMX han alzado su voz en un rechazo categórico a la propuesta. En un webinar organizado por la plataforma Tiburones Inmobiliarios, representantes de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Ciudad de México, la Asociación de Profesionales en Comercialización Inmobiliaria (APCI), y el Grupo Inmobiliario Zona Poniente (GIZP) presentaron un frente unido contra la iniciativa.
Marissa Quiroga, presidenta de AMPI CDMX, argumentó: "Efectivamente, han subido las rentas en la Ciudad de México, así como en otras partes del mundo, pero lo que pasa aquí es que hay una falta tremenda de vivienda y eso se deriva en que no ha habido desarrollo (habitacional) en la ciudad desde hace varios años, entonces hay menos vivienda qué ofrecer".
Esta declaración pone el dedo en la llaga de un problema más profundo: la escasez de oferta en el mercado inmobiliario de la capital.
Sary Sutton, presidenta de GIZP, advirtió sobre los posibles efectos dominó de la propuesta: "Una consecuencia es que habría clientes no satisfechos, a la gente no le va a interesar seguir rentando, esos inversionistas van a vender sus propiedades, se va a bajar la oferta de rentas, los desarrolladores ya no van a querer seguir construyendo y esto se convierte en una cadena".
Esta perspectiva subraya el temor del sector a un efecto contraproducente, donde la regulación, en lugar de proteger a los inquilinos, podría terminar reduciendo aún más la oferta de viviendas en alquiler.
Uno de los puntos más controvertidos de la propuesta es el establecimiento de un registro digital obligatorio para los contratos de arrendamiento. Marissa Quiroga de AMPI CDMX señaló: "El registro de los contratos, que viene en esta nueva ley, no define el mecanismo de cómo se va a hacer, no sabemos cómo es el mecanismo de esta obligación o cómo se va a incentivar para que esto suceda... Hay muchas personas que rentan, pero no tienen contrato; se estima que 36% de los arrendamientos no tiene contrato".
Esta observación pone de manifiesto la brecha entre la intención regulatoria y la realidad del mercado informal de alquileres, un fenómeno particularmente prevalente en ciertas zonas de la ciudad.
La propuesta de vincular los aumentos de alquiler a la tasa de inflación, que en principio parece una medida de protección para los inquilinos, también ha sido objeto de críticas. Sary Sutton de GIZP advirtió: "No está bien planteada (la iniciativa), porque si va exclusivamente a la inflación no funcionaría, porque qué pasa si la inflación sube, entonces ya estamos empezando mal".
Este punto resalta la complejidad de encontrar un mecanismo justo y equilibrado para regular los aumentos de alquiler en un entorno económico volátil.
Luis Robina, representante de la APCI, amplió el debate al señalar la necesidad de políticas más comprehensivas: "No se han creado las políticas públicas para que las Fibras, que tienen enormes cantidades de recursos, produzcan y desarrollen vivienda". Además, destacó la importancia de considerar las necesidades de diversos grupos demográficos, como los adultos mayores y los jóvenes, en las políticas de vivienda.
Esta perspectiva subraya la importancia de un enfoque holístico que no solo regule, sino que también incentive la inversión y el desarrollo en el sector inmobiliario.
Las asociaciones inmobiliarias han expresado su intención de acercarse al gobierno capitalino para incidir en posibles modificaciones a la iniciativa. Este movimiento subraya la importancia del diálogo entre el sector público y privado en la formulación de políticas efectivas de vivienda.
La controversia generada por esta propuesta de regulación de alquileres en la Ciudad de México pone de manifiesto las complejidades y desafíos del mercado inmobiliario en una de las urbes más grandes del mundo. Mientras que la intención de proteger a los inquilinos y garantizar el acceso a vivienda asequible es loable, las preocupaciones planteadas por el sector inmobiliario no pueden ser ignoradas.
El camino hacia una solución equilibrada requerirá de un diálogo abierto y constructivo entre todas las partes involucradas. Solo a través de un enfoque que considere tanto las necesidades de los inquilinos como las realidades del mercado podrá la Ciudad de México abordar efectivamente su crisis de vivienda.
En última instancia, el debate en torno a esta propuesta no es solo sobre regulación de alquileres, sino sobre el futuro del desarrollo urbano y la calidad de vida en una de las ciudades más dinámicas de América Latina. La forma en que se resuelva esta controversia tendrá implicaciones duraderas para millones de residentes de la capital mexicana.