En medio de crecientes tensiones y un paro laboral sin precedentes en el Poder Judicial de la Federación, el proceso legislativo para la aprobación de la controvertida reforma judicial en México continúa su curso en la Cámara de Diputados. Las declaraciones de líderes parlamentarios sugieren una determinación inquebrantable para llevar adelante la iniciativa, a pesar de la fuerte oposición de jueces, magistrados y trabajadores judiciales.

El avance imparable de la reforma

Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, ha dejado claro que la reforma judicial no se detendrá. "El dictamen está circulando, está siendo analizado, revisado, por todos los grupos parlamentarios [...] Una vez que sea discutido y en su caso aprobado, se remitirá a la Mesa Directiva y continuará el proceso legislativo", afirmó Mier en una entrevista tras la presentación del libro "50 propuestas legislativas para la transformación de México", del jefe de gobierno capitalino, Martí Batres.

Esta determinación refleja la confianza del partido gobernante en la solidez de su propuesta y su disposición a enfrentar la resistencia que ha generado en diversos sectores del ámbito judicial.

Cronograma legislativo en marcha

Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, ha establecido un cronograma concreto para la discusión del dictamen. Según Robledo, el debate iniciará el lunes 26 de agosto a las 11 AM, con la posibilidad de que el análisis se extienda por dos días: uno para su aprobación en lo general y otro en lo particular.

Este calendario demuestra la intención de mantener el impulso legislativo, a pesar de las protestas y el paro laboral que se ha extendido por el país.

La controversia del paro judicial

El paro de labores en el Poder Judicial ha sido un punto de inflexión en el debate sobre la reforma. Mier Velazco ha cuestionado los motivos detrás de las protestas, sugiriendo que existe una manipulación de la información:

"Casi el 60 por ciento de quienes se manifiestan tienen una relación directa, familiar y de amistad, de grupo, en esa composición casi feudal que tiene el Consejo de la Judicatura Federal, a través de magistrados y de jueces. Ellos son los que utilizan esta incertidumbre para desinformar a los trabajadores", declaró el líder morenista.

Esta afirmación busca deslegitimar las protestas, presentándolas como una reacción de un grupo privilegiado que busca mantener el statu quo, más que como una genuina preocupación por la independencia judicial.

Garantías a los trabajadores judiciales

En un intento por calmar los ánimos, Mier hizo un llamado a los manifestantes a revisar detenidamente el dictamen, específicamente el transitorio décimo, que según él, garantiza que no habrá violación de los derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial.

"Yo les pediría con todo respeto que lean perfectamente bien el transitorio décimo del dictamen donde se establece con precisión que no hay ninguna posibilidad, ni lo haría nuestro movimiento, de violentar derechos adquiridos", enfatizó Mier.

La legalidad del paro en cuestión

Por su parte, Juan Ramiro Robledo cuestionó la legalidad del paro, señalando que no sigue los procedimientos establecidos en el Artículo 123 de la Constitución para detener un poder constitucional como el Judicial. Esta observación plantea interrogantes sobre la legitimidad de las acciones de protesta y podría ser utilizada para desacreditar el movimiento.

Robledo también sugirió que muchos trabajadores podrían estar mal informados sobre las implicaciones reales de la reforma: "Hay muchos trabajadores que no saben exactamente por qué están protestando, y que si analizan su recibo de nómina de todo el año, y buscan cuál de los conceptos de ingresos o de prestaciones se les podría afectar, estoy seguro de que llegarán a la cuenta de que no los afecta en nada."

Propuesta presidencial en consideración

En un giro interesante, Mier mencionó que los diputados analizarán y posiblemente incluirán en las discusiones la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que el Legislativo haga una adenda que proteja a los jueces y magistrados que resuelvan asuntos relacionados con el crimen organizado. Esta consideración podría ser vista como un intento de abordar algunas de las preocupaciones expresadas por el sector judicial.

Un camino turbulento hacia la reforma

El avance del proceso legislativo para la reforma judicial en México está marcado por la determinación del partido gobernante y la fuerte oposición del sector judicial. Mientras Morena insiste en que la reforma es necesaria y no afectará negativamente a los trabajadores, las protestas y el paro laboral sugieren una profunda desconfianza y preocupación en el Poder Judicial.

La forma en que se desarrolle este proceso en los próximos días será crucial para el futuro del sistema judicial mexicano y podría tener implicaciones significativas para el equilibrio de poderes en el país. La tensión entre la voluntad política de impulsar cambios y la resistencia de un sector que se siente amenazado plantea desafíos importantes para la gobernabilidad y la estabilidad institucional de México.